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Scriptus Naturae (http://scriptusnaturae.8m.com).
De vergonzoso se podría calificar el comportamiento
de las administraciones (tanto estatal como andaluza), echándose
la culpa una a la otra en el desastre de Doñana, pero,
más vergonzoso todavía, resulta el hecho de que
existiera una presa embalsando cinco millones de metros cúbicos
de residuos de la mina en el lugar en el que estaba. Aún
en el caso de que el riesgo de que ocurriera algo parecido a lo
que ocurrió fuera mínimo (que no debía serlo,
a juzgar por las numerosas denuncias que ya había habido)
no se debería permitir una construcción de esas
características aguas arriba de un Parque Nacional tan
emblemático como lo es Doñana. Pero el hecho es
que estaba allí, y el hecho es que ha contaminado un gran
número de hectáreas del Parque, y también
de las que no pertenecen al Parque.
Ahora ya, Lo que se debe hacer es limpiar la zona,
descontaminarla y depurarla, y depurar también las posibles
responsabilidades del vertido. Aparte de los posibles responsables
entre el personal de las Administraciones (¿quién
autorizó la presa? ¿quién mantuvo los permisos?
¿quién dio el visto bueno a las inspecciones, incluida
la última, pocas horas antes de la catástrofe?),
existe un responsable claro de esos residuos, y ese es la empresa
propietaria de la mina, Boliden. Nos hemos enterado de que, en
contra de la imagen que primero nos quisieron hacer creer de empresa
preocupada por el medioambiente, se trata de una multinacional
que ya ha estado metida en casos similares en Argentina y Suecia,
destruyendo la Naturaleza para conseguir aumentar sus dividendos.
Obviamente, deberá pagar por lo que le ha
hecho a Doñana, y en este caso parece claro que se deberían
aplicar al máximo las leyes, en parte para intentar recuperar
el Parque y en parte para evitar que algo así se vuelva
a repetir. Primeramente, y según el principio de "quien
contamina, paga" será ella la que debería pagar
las labores de descontaminación y recuperación de
la zona, el retirado y depurado de los lodos contaminados, las
cosechas perdidas (no solo este año, sino hasta que se
pueda volver a cultivar como antes del vertido) y las actividades
encaminadas a la repoblación de la flora y fauna dañada
o muerta, hasta que quede como antes, si es que eso es posible.
Además, según las leyes que regulan la pesca y la
caza en Andalucía y la Ley 4/89 de Conservación
de Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre, debería
pagar la correspondiente multa por cada uno de los peces muertos
a causa del vertido, por cada ave dañada, muerta o molestada,
por cada uno de los artrópodos (como el cangrejo que aparecía
fotografiado en su periódico) y demás invertebrados
afectados (y créanme, hay muchísimos), y por la
vegetación dañada. Para terminar, basta con recordar
que el Código Penal castiga el delito ecológico
(que es ante lo que parece que nos encontramos) con penas de hasta
6 años de cárcel. Nuestras leyes a este respecto
dejan bastante que desear, pero pueden ser el instrumento para
que paguen los culpables y que esto no se vuelva a repetir. Doñana
ha sido herido, y todavía no se sabe con certeza cual de
que gravedad; ahora lo que se debe hacer es intentar curarlo y
castigar a los culpables.
El País consideró que no debía ser publicada, ¿Por qué?. Su contestación fue:
Le agradezco su interés al enviarnos
su carta para la sección Cartas al Director: Lamento que
en esta ocasión no haya sido publicada ya que el gran número
que recibimos diariamente nos obliga a realizar una minuciosa
selección de las mismas.
Atentamente,
Jesús Ceberio.Director.
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