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Doñana.
Por Antonio Torralba

Interesante y acertado me parece el artículo de José María Mendiluce, aparecido en su periódico el jueves 11 de este mes, titulado "Doñana: ecología y política". Ante lo expuesto, solo cabe asentir y, si acaso, hacer algunas matizaciones. Ciertamente, de vergonzoso se podría calificar el comportamiento de las administraciones (tanto estatal como andaluza), echándose la culpa una a la otra en el desastre de Doñana, pero, más vergonzoso todavía, resulta el hecho de que existiera una presa embalsando cinco millones de metros cúbicos de residuos de la mina en el lugar en el que estaba. Aún en el caso de que el riesgo de que ocurriera algo parecido a lo que ocurrió fuera mínimo (que no debía serlo, a juzgar por las numerosas denuncias que ya había habido) no se debería permitir una construcción de esas características aguas arriba de un Parque Nacional tan emblemático como lo es Doñana (en realidad, no se debería permitir cerca de ningún Parque Natural).

Vergonzosas fueron también, lógicamente, las acciones y actitudes de la empresa Boliden, propietaria de la mina, no solo cuando ocurrió la catastrofe, sino en todos los años anteriores. Pero, ¿qué se puede esperar de una multinacional que sólo se preocupa de sacar dividendos sin importarle lo más mínimo el medio ambiente? La única forma de conseguir cabiar esas actitudes pasa por una acción ejemplar de la justicia y de la ciudadanía en estos temas. No puede ser aceptable que Boliden se limite a pagar unos pocos daños con unas indemnizaciones ya previstas en una poliza de seguros, y despues simplemente suspiremos aliviados porque decida mantener unos pocos empleos. ¿Hasta cuando vamos a consentir esto? Si bien es cierto, como dice Mendiluce en su artículo, que "a cuanto se cotiza la tonelada de pez muerto o el hilo de nido destruido son
preguntas imposible en el sistema operativo de un mercado de valores sin valores", no es menos cierto que si que se pueden tasar, con un valor económico, que no ecológico, ya que cada ejemplar individual de pez, o de ave, en cualquier estado de desarrollo, está "tasado" en las leyes de Pesca y Caza de cada Comunidad Autónoma con el precio de la multa correspondiente por su captura y/o destrucción. Además, y según la Ley 4/89 de Conservación de Espacios Naturales y de
la Flora y Fauna Silvestre, todos los animales y plantas, están de alguna forma "protegidos" y su destrucción equivale a la multa correspondiente, por no hablar de las posibles condenas de carcel que prevee el actual Codigo Penal para los delitos ecológicos.

Hasta aquí las acciones que puede tomar la justicia, pero también debería colaborar la ciudadanía. Los accionistas de una empresa también debes de ser conscientes de lo que esa empresa hace, así como sus proveedores, clientes y trabajadores, y actuar en consecuencia. Y hasta que el resto del mundo no les vuelva la cabeza o increpe a los responsables de estos desastres, las cosas no cambiaran.

El País consideró que no debía ser publicada, ¿Por qué?. Su contestación fue:

Le agradezco su interés al enviarnos su carta para la sección Cartas al Director: Lamento que en esta ocasión no haya sido publicada ya que el gran número que recibimos diariamente nos obliga a realizar una minuciosa selección de las mismas.

Atentamente,

Jesús Ceberio.
Director.


 Doñana  

Superpoblación, ¿crecimiento cero?
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